- ✓La ofensiva militar antidrogas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico ha resultado en más de cien muertos y al menos 35 lanchas destruidas en los últimos cinco meses.
- ✓El presidente Donald Trump declaró un "conflicto armado directo" contra los carteles de la droga, a los que considera organizaciones terroristas.
- ✓Los gobiernos de Venezuela (Nicolás Maduro) y Colombia (Gustavo Petro) han denunciado los ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.
- ✓La ONU ha advertido sobre posibles violaciones del derecho internacional y solicitado a EE.UU. que ponga fin a estas acciones.
- ✓El ataque del 2 de septiembre, donde un bombardeo remató a dos sobrevivientes, ha sido señalado por expertos como un posible crimen de guerra.
Estados Unidos ha confirmado la destrucción de al menos 35 embarcaciones y más de un centenar de muertes como resultado de su campaña militar antidrogas en aguas del Caribe y el océano Pacífico, desplegada durante los últimos cinco meses. Según la cronología publicada por EMOL, la ofensiva, ordenada por el presidente Donald Trump quien declaró un "conflicto armado directo" contra los carteles a los que considera terroristas, se inició en agosto con Venezuela como foco y luego se extendió a rutas cercanas a Colombia.
La justificación estadounidense, que vincula todas las embarcaciones atacadas con el narcotráfico, ha sido frontalmente rechazada por los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y Gustavo Petro en Colombia. Ambos mandatarios han denunciado las acciones como "asesinatos y ejecuciones extrajudiciales". La postura latinoamericana encuentra eco en advertencias de la ONU, que ha señalado posibles violaciones al derecho internacional y solicitado el cese de las operaciones.
El episodio más controvertido, según el mismo medio, ocurrió el 2 de septiembre, cuando un bombardeo estadounidense remató a dos sobrevivientes de un primer ataque. Expertos consultados señalaron el hecho como un posible crimen de guerra, lo que ha generado un mayor escrutinio del Congreso de EE.UU. sobre la legalidad de estas misiones. Hasta ahora, Washington no ha presentado pruebas públicas que verifiquen independientemente el vínculo de cada lancha destruida con el tráfico de drogas.