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Unión Española e Iquique no se rinden. Tras el rechazo de la ANFP a su petición de anular los descensos, ambos clubes han escalado su batalla fuera de los terrenos de juego, llevando el reclamo a la justicia civil e, incluso, evaluando acciones para detener el inicio de la temporada 2026, según informó EMOL.
Esta decisión ha encendido las alarmas en el resto del fútbol chileno, donde la palabra "desafiliación" resuena como un posible contrataque. La amenaza es clara: si persisten en acudir a tribunales externos, podrían terminar fuera del profesionalismo. "Corresponde la desafiliación en caso que quieran perjudicar a toda la industria...", sentenció el presidente de Palestino, Jorge Uauy, en declaraciones recogidas por El Mercurio y citadas por EMOL.
La ANFP tendría base reglamentaria para una medida tan drástica. Según el artículo 10 de su reglamento, son causales de desafiliación "incurrir en incumplimientos graves de los Estatutos y Reglamentos" o "no acatar injustificadamente los acuerdos del Consejo". La normativa también aplica para "el incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones estatutarias de los clubes".
Sin embargo, la última palabra no la tendría el directorio de la ANFP, sino el pleno de los clubes. De materializarse una acusación formal de incumplimiento, todos los presidentes de Primera y Primera B deberían votar para ejecutar una desafiliación, en un escenario de alta tensión institucional.