- ✓La fecha de referencia es enero de 2026.
- ✓Existe un proyecto de ley sobre eutanasia o muerte asistida en trámite legislativo en Chile.
- ✓El gobierno ha otorgado o elevado la urgencia legislativa al proyecto de eutanasia.
- ✓Hubo una sesión en la Sala del Senado donde no se alcanzó a votar el proyecto de eutanasia, postergándose.
- ✓La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe sobre estados financieros de entidades públicas.
El proyecto de ley que regula la eutanasia en Chile enfrenta un nuevo obstáculo en su trámite legislativo. A pesar de estar en la tabla de la Sala del Senado esta semana, la votación en general fue postergada porque no se alcanzó a tratar el punto, tras una extensa discusión sobre una reforma política, según informó La Tercera. En respuesta, el gobierno de Gabriel Boric elevó la iniciativa a la categoría de "urgencia inmediata", lo que obliga jurídicamente a la Cámara a despacharla en tres días, aunque este plazo no siempre se cumple.
La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, acusó "maniobras dilatorias" por parte de la oposición para evitar el debate. "Para nosotros, el proyecto de eutanasia es prioridad e insistiremos", afirmó. En tanto, el senador opositor Sergio Gahona (UDI) explicó a La Tercera que el proyecto del sistema político consumió gran parte del tiempo, haciendo "inviable" tratar la eutanasia.
El contexto político se complejiza de cara al próximo gobierno. En entrevista con El Desconcierto, el nuevo jefe de bancada del Partido de la Gente (PDG), Juan Marcelo Valenzuela, advirtió al presidente electo José Antonio Kast que "si pretenden gobernar por decreto, no van a tener nuestra colaboración", aunque abrió la puerta a apoyar agendas de seguridad y economía.
Paralelamente, la Contraloría General de la República emitió un informe crítico sobre la gestión financiera del Estado. Según La Tercera, el organismo detectó falta de evidencia para validar los estados financieros del 100% de 73 entidades públicas revisadas entre 2020 y 2024, involucrando $15,9 billones. La CGR inició 27 sumarios y remitió 10 casos al Ministerio Público.