- ✓El Tribunal Constitucional (TC) acogió parcialmente el requerimiento contra el proyecto Escuelas Protegidas, declarando inconstitucionales varias normas.
- ✓El Gobierno, a través de la ministra de Educación María Paz Arzola y otros voceros, expresó respeto por el fallo y anunció que esperará los fundamentos completos antes de definir pasos a seguir.
- ✓El Ejecutivo destacó que el núcleo del proyecto (revisión de mochilas, prohibición de capuchas, resguardo a docentes y filtro de denuncias) sigue vigente.
- ✓La decisión podría retrasar la agenda de seguridad escolar del Gobierno, según reconoció el subsecretario de Justicia Luis Silva.
El Gobierno de Chile acató este jueves la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que acogió parcialmente el requerimiento contra el proyecto Escuelas Protegidas, declarando inconstitucionales varias de sus normas. La ministra de Educación, María Paz Arzola, y el ministro de Seguridad, Martín Arrau, manifestaron respeto por el fallo y anunciaron que esperarán la publicación de los fundamentos completos antes de definir los próximos pasos, según reportaron El Mostrador, Radio UChile y The Clinic.
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo para fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales, sufrió un revés significativo. El TC acogió casi la totalidad de los requerimientos presentados por un grupo de diputados y senadores de oposición, incluyendo la declaración de inconstitucionalidad de la norma que establecía la inhabilidad para acceder a la gratuidad, según detalló The Clinic. Pese al golpe, el Gobierno defendió que el núcleo de la iniciativa sigue en pie: la revisión de mochilas por parte de directivos, la prohibición del uso de capuchas y el resguardo a docentes.
La ministra Arzola, en declaraciones a Radio Infinita recogidas por Radio UChile, subrayó que el objetivo central de la ley se mantiene intacto: 'avanzar en la protección, en la seguridad de las escuelas, en poder entregar herramientas a los colegios para que puedan prevenir hechos que escapan de sus posibilidades'. Agregó que el tribunal validó aspectos relevantes, como el filtro de denuncias sobre convivencia ante la Superintendencia de Educación, mecanismo orientado a aliviar la carga administrativa de los equipos escolares.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, citado por El Mostrador, afirmó que la decisión del TC 'es parte del proceso legislativo' y que el Ejecutivo evaluará 'cómo se puede corregir' lo objetado una vez conocidos los argumentos. El subsecretario de Justicia, Luis Silva, reconoció que el fallo podría ralentizar el despliegue de la agenda de seguridad escolar, aunque no descartó ajustes. Por su parte, el ministro Arrau, en declaraciones a The Clinic, aseguró que el Gobierno respeta la decisión pese a discrepar en algunos puntos.