- ✓Danitza Araya, exoficial de la Policía de Investigaciones (PDI), quedó parapléjica tras un operativo el 21 de octubre de 2019.
- ✓Araya presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el Ministerio de Seguridad Pública por un presunto incumplimiento en su ascenso debido a su invalidez.
- ✓El Ministerio de Seguridad Pública la ascendió a subcomisaria y fijó su invalidez en un 60% mediante el Decreto Exento N° 22 en octubre de 2025.
- ✓La defensa de Araya argumenta que debió ser ascendida al grado de prefecto inspector (Grado 5) en lugar del grado de subcomisaria (Grado 9).
- ✓El artículo 129 del DFL N° 1 permite computar 30 años de servicio a funcionarios que quedan inválidos en circunstancias como las de Araya.
Danitza Araya, exoficial de la Policía de Investigaciones (PDI) que quedó parapléjica tras un operativo el 21 de octubre de 2019, ha presentado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago. En este documento, Araya acusa al Ministerio de Seguridad Pública de no aplicar un beneficio legal al fijar su grado de retiro por invalidez.
El incidente ocurrió en el contexto del estallido social, cuando Araya fue atropellada y baleada durante un procedimiento que fue calificado como 'actos propios del servicio' por la PDI. En octubre de 2025, el Ministerio emitió el Decreto Exento N° 22, que la ascendió a subcomisaria y le otorgó una invalidez del 60%.
Sin embargo, la defensa de Araya sostiene que el decreto no consideró el artículo 129 del DFL N° 1, que permite computar 30 años de servicio a funcionarios que quedan inválidos en circunstancias similares. Según su abogado, Antonio Cordano, esto implica que Araya debió ser ascendida al grado de prefecto inspector (Grado 5) en lugar de subcomisaria (Grado 9).
El recurso también menciona que la resolución del Ministerio no tomó en cuenta el reconocimiento del director general de la PDI, quien afirmó que Araya cumplía con los requisitos para acceder a beneficios ampliados por su situación.
La defensa ha calificado la omisión de este reconocimiento como un acto ilegal, argumentando que contraviene un mandato expreso y constituye una arbitrariedad manifiesta. A través de este recurso, Araya busca no solo el reconocimiento de su ascenso adecuado, sino también el pago retroactivo de las remuneraciones y beneficios asociados a su grado superior.