- ✓La Contraloría General de la República publicó el informe final 541-2025 el 24 de junio de 2026, sobre el ingreso de niños haitianos por reunificación familiar.
- ✓Se detectaron incumplimientos normativos en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar, incluyendo certificados vencidos o no legalizados y ausencia de documentos obligatorios.
- ✓El Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) emitió un memorándum que disminuyó requisitos legales sin atribuciones, configurando una 'evidente vulneración' al ordenamiento jurídico.
- ✓Hubo irregularidades en el control de vuelos chárter, como la falta de listados de pasajeros sin sanciones oportunas por parte de SERMIG.
- ✓Se constató falta de coordinación entre SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, con debilidades en control interno y seguimiento de menores.
- ✓La Contraloría instruyó sumarios administrativos contra SERMIG, PDI y Subsecretaría de la Niñez.
- ✓El informe descartó la existencia de una red de tráfico de menores o desapariciones masivas, atribuyendo los problemas a fallas administrativas.
La Contraloría General de la República emitió este miércoles 24 de junio su informe final sobre el ingreso de niños haitianos al país mediante reunificación familiar, entre 2022 y 2025. El documento confirmó graves irregularidades administrativas en el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, incluyendo la emisión de un memorándum que flexibilizó requisitos legales sin atribuciones, según reportaron medios como BioBio y Cooperativa.
Entre los hallazgos más relevantes, la Contraloría identificó certificados vencidos o no legalizados, ausencia de documentos obligatorios y falta de control en vuelos chárter, donde una aerolínea no presentó los listados de pasajeros exigidos por la normativa, sin que SERMIG aplicara sanciones oportunas. La entidad fiscalizadora calificó la situación como un 'desorden mayor y bajo nivel de coordinación' entre las instituciones, según detalló La Cuarta.
El informe descartó la existencia de una red de tráfico de menores o desapariciones masivas, aunque Radio Uchile destacó que se publicó un día después de que la PDI ubicara a los 64 menores que el organismo no pudo localizar inicialmente. La Contraloría instruyó sumarios administrativos contra SERMIG, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez, y ordenó reforzar el seguimiento de los niños ingresados bajo este programa.
El director de SERMIG, Luis Eduardo Thayer, del Frente Amplio, fue mencionado por BioBio como responsable directo de las fallas, mientras que otros medios, como El Mostrador, enfatizaron que no se acreditó una red criminal, sino deficiencias administrativas. La Contraloría advirtió que los requisitos legales no pueden ser modificados por memorándums internos, lo que constituye una 'evidente vulneración' al ordenamiento jurídico.