- ✓La Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) del Biobío aprobó por unanimidad el proyecto de tierras raras de Aclara en Penco.
- ✓La aprobación ocurrió el lunes 8 de junio de 2026, en una sesión encabezada por el delegado presidencial Julio Anativia.
- ✓Votaron a favor los seremis de Salud, Economía, Obras Públicas, Agricultura, Vivienda, Transporte, Minería, Desarrollo Social y Medio Ambiente.
- ✓El proyecto contempla inversión de US$130 millones y generación de unos 900 empleos durante su construcción.
- ✓Hubo manifestaciones en contra frente a la Delegación Presidencial en Concepción.
- ✓Comunidades opositoras anuncian recursos legales y administrativos para frenar la iniciativa.
La Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la región del Biobío aprobó este lunes por unanimidad el proyecto de extracción de tierras raras en Penco, impulsado por la empresa Aclara Resources en sociedad con el grupo CAP. La decisión, tomada en una sesión encabezada por el delegado presidencial Julio Anativia, contó con el voto favorable de nueve seremis y de la propia Delegación Presidencial, según reportaron diversos medios.
El proyecto, que considera una inversión de US$130 millones, prevé la construcción de una mina de arcillas para producir concentrado de tierras raras en los cerros de Penco y Lirquén. Según la empresa, la obra generará un promedio de 901 puestos de trabajo durante los nueve años de construcción, y se sustenta en una tecnología innovadora que minimiza impactos ambientales. El gerente general de Aclara, Enrique Donoso, señaló a La Tercera que la aprobación 'representa un paso muy significativo' y que es 'resultado de años de trabajo técnico riguroso y diálogo con el territorio'.
Sin embargo, la decisión provocó una inmediata reacción de comunidades vecinas y organizaciones ambientales, que se congregaron en la Plaza de la Independencia de Concepción para manifestar su rechazo. Camila Arriagada, vocera de las juntas de vecinos opositoras, calificó la aprobación como 'irresponsable y negligente' y acusó, según ADN, que existen acuerdos previos del Gobierno para vender estos minerales a Estados Unidos. Los opositores anunciaron que recurrirán a todas las instancias administrativas y judiciales para frenar la iniciativa, argumentando que persisten dudas sobre posibles riesgos de radiactividad y que no todas las observaciones ciudadanas fueron respondidas.