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En un contexto regional marcado por desafíos sociales y de seguridad, Perú ha anunciado un endurecimiento de su política migratoria, coordinando acciones con Chile para reforzar los controles fronterizos. Según informó el medio LATERCERA, el canciller peruano Hugo De Zela confirmó que el país ya no tiene capacidad para recibir nuevos flujos migratorios fuera de la normativa y detalló acuerdos bilaterales para una gestión regional del fenómeno, con énfasis en la migración venezolana.
Las medidas incluyen un mayor despliegue militar y policial en las fronteras peruanas, junto con la instalación de sistemas de vigilancia. De Zela precisó, en entrevista con El Peruano, que existe un protocolo de entendimiento entre las policías de ambos países para evitar salidas irregulares y establecer mecanismos de devolución si se producen cruces fuera de los canales formales. El objetivo declarado es asegurar una migración "regular, segura y ordenada".
Paralelamente, en el ámbito interno chileno, según CNNCHILE, el Estado comenzará en enero de 2026 el pago del Beneficio por Años Cotizados a pensionados que cumplan los requisitos. El beneficio, que reconoce hasta 25 años de cotizaciones, se entregará de forma diferida a quienes se jubilaron a partir del 1 de agosto de 2025, mientras que los pensionados anteriores con 65 años o más lo recibirán de manera inmediata.
En el plano judicial, la Fiscalía Metropolitana Occidente presentó nuevas pruebas en la tercera audiencia de la "Operación Apocalipsis", según EMOL. La investigación, que involucra a cerca de 70 detenidos, incluiría miles de horas de conversaciones telefónicas interceptadas y cerca de 9 mil transacciones comerciales, evidenciando una extensa red criminal al interior de recintos penitenciarios con presunta participación de funcionarios de Gendarmería.